Rubén Hernández/Tlaxcala Times

TLAXCALA, Tlax., 21 de abril de 2026.- El Pleno del Congreso local aprobó el Dictamen emitido por la Comisión Especial, encargada de atender la demanda de indemnización de la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Leticia Ramos Cuautle, mediante el cual se declara improcedente la solicitud por responsabilidad patrimonial.

En tanto, los diputados rechazaron esta dictaminación que fue avalada por el resto de los integrantes del Pleno, para dar cumplimiento a la resolución dictada dentro del expediente 75/2023-3, en la que el órgano jurisdiccional ordenó emitir un nuevo dictamen debidamente fundado y motivado, luego de haber declarado la nulidad del acuerdo aprobado en 2023.

Así, los diputados Bladimir Zainos Flores, Sandra Guadalupe Aguilar Vega y María Aurora Villeda Temoltzin, presidente y vocales de la Comisión Especial, resolvieron el expediente 72/2023-3, mismo que formulaba la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial.

Esta solicitud fue ingresada el 24 de marzo de 2023 y la Comisión Especial dictaminó en sentido negativo, por lo que la ex magistrada Leticia Ramos Cuautle promovió un Recurso de Revisión ante el TSJE, mismo que fue radicado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Sin embargo, el 07 de octubre de 2024, el TJA resolvió a favor de la ex magistrada emitiendo sentencia OF-TJA-D/2023/2024, dada a conocer al Congreso del Estado de Tlaxcala el 05 de noviembre de 2024, para dar atención a la solicitud de indemnización.

Ramos Cuautle, alegó que fue destituida de manera irregular y que su derecho de ratificación por el Congreso local fue vulnerado, además que aseguró que tuvo un trato diferenciado y discriminatorio respecto a otros servidores públicos, como el fallecido Fernando Bernal Salazar, quien en su momento fuer reinstalado tras un largo litigio, ante ello, la ex magistrada reclamó que tiene derecho a una indemnización integral.

De ahí, que tras el estudio del expediente el Congreso determinó que no se acreditan los elementos necesarios para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, al no existir evidencia de una actuación administrativa irregular, ni la comprobación del daño real, así como su relación directa con el actuar del Poder Legislativo.

Finalmente, el Pleno resolvió declarar improcedente la indemnización reclamada y ordenó notificar la determinación a la promovente, así como informar al TJA sobre el cumplimiento de la sentencia, dando por concluido el asunto.