Rubén Hernández/Tlaxcala Times
TLAXCALA, Tlax., 27 de agosto de 2025.- Tras denuncia se confirmó que dos verificentros, uno de Apizaco y otro de Yauhquemehcan, vendían hologramas sin verificación a las unidades automotoras, lo que fue calificado por el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, como “cosas indebidas” al limitarse a calificar a la corrupción como tal.
Este hecho fue comprobado por personal de la dependencia estatal, al tramitar estas compras simuladas no como servidores públicos sino como otras personas, y obtener este servicio de forma ilegal en los verificentros señalados, lo que llevó a confirmar las malas prácticas y operatividad.
Asimismo, el funcionario evidenció que se sumaron más denuncias de automovilistas sobre estas irregularidades, por lo que durante la inspección vehicular, descubrieron que es cierta la venta de hologramas a través de las redes sociales y sin la realización de la verificación, por lo que utilizaban otros carros para sacar los resultados de no contaminación o simplemente procesaban los datos sin unidad.
Por tanto, a través de la inspección y la revisión de datos y archivos de videos e imágenes, descubrieron la cantidad de actos ilegales en los que incurrieron estos verificentros.
Testimonios y a través de las redes sociales se filtró como trabajadores sin acreditaciones vigentes , con cobros excesivos y otras irregularidades, han estado operando en los verificentros y ante la falta de acciones de la Secretaría de Medio Ambiente.
Al respecto, el funcionario estatal justificó que esta es la primera vez que se detecta estos casos, pero tras ser descubiertos serán sancionados o tendrán castigos mayores como el retiro de estas concesiones.
Sin embargo, no existe una postura oficial de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET).
Finalmente, es de señalar que el funcionamiento y operación indebida de los verificentros es resultado de la falta de atención de las dependencias estatales encargadas de su vigilancia, lo que deriva en la falta de certeza sobre su funcionamiento, lo que podría derivar en abusos, corrupción y falta de veracidad en el cumplimiento de la verificación vehicular en el estado.




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