Rubén Hernández/Tlaxcala Times

TLAXCALA, Tlax., 29 de julio de 2025.- Para evitar transparentar la compra de 10 camionetas blindadas, el gobierno del estado de Tlaxcala reservó hasta el 2030 los contratos y facturas de estos vehículos, que sumaron una inversión del erario público del pueblo tlaxcalteca de 56 millones de pesos (mdp).

Esta compra surgió antes de que el gobierno federal revelara la operación e incrementó de presencia del Cartel de Sinaloa, así como la existencia y desmantelación de narcolaboratorios en el municipio de Tlaxco, además de otros hechos registrados en Apizaco y otras zonas de la entidad.

Sin embargo, la adquisición fue justificada para el uso de la gobernadora y sus funcionarios, cuando en la realidad son del uso exclusivo de las hijas de la gobernadora, Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, quienes ostentan cargos honoríficos y cuentan con escoltas a pesar de no tener atribuciones ejecutivas, además de servir de transporte para los nietos de la mandataria y otros familiares.

Según la versión oficial, estas camionetas serían asignadas al funcionarios del gabinete y del Secretariado de Seguridad, sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Martín Perea Marrufo, descartó que se le asignará una unidad para el uso exclusivo de sus funciones.

Sin embargo, la distribución de estas camionetas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: dos para la gobernadora y su caravana; dos para sus hijas Mariana y Fernanda Espinosa de los Monteros; una para su marido José Francisco Olvera Ruíz; una para el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; una para la fiscal, Ernestina Carro Roldán y del resto se desconoce quienes más las utilizan.

La compra fue defendida por la presidenta nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, quien tras su visita a la entidad fue cuestionada por la adquisición de estas camionetas y ella justificó, “nosotros hemos determinado en Morena que cuando hay unidades blindadas su adquisición debe tener una justificación por temas de seguridad”, evidenciando con ello la crisis de seguridad que vive Tlaxcala, ante la necesidad de la gobernadora y de sus hijas de utilizar vehículos blindados.

Asimismo, la dirigente del partido guinda argumentó que en este partido están prohibidos los gastos superfluos que no tengan que ver con la seguridad y que sean de un asunto personal.

No obstante, es de destacar que la compra está envuelta en una estela de opacidad, pues a decir del actual vocero del gobierno del estado, Antonio Martínez, esta adquisición se hizo según él, desde un proceso legal y transparente, con fines normativos y de seguridad.

Sin embargo, el mismo vocero afirmó que la empresa beneficiada fue Epel S.A. de C.V., con sede en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX)., esto sin presentar pruebas que respaldaran la versión, misma que fue echada abajo cuando salió a la luz que esto no era cierto y que la empresa beneficiada fue Cha Cha Producciones S.A. de C.V., de la ciudad de Puebla, cuyo administrador único es Alberto Arturo Serrano Manjarrez, con antecedentes de contratos millonarios opacos en la Angelopolis, con constantes investigaciones periodísticas como empresa de giros múltiples, lo mismo vende cobijas, que despensas, ropa o camionetas blindadas.

Además es de destacar, que esta compra fue hecha por adjudicación directa, sin documentación de participación de otras empresas de competencia o licitación.

Por lo que, la solicitud fue firmada por el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, con el expediente de contrato GET-OMG-ADX-073-2024, pese a que el vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez, aseguró que la información de esta adquisición se encontraba disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la realidad no existe registro de esta compra, ni del proveedor mencionado en su versión oficial.

Por tanto, la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), ha negado a las investigaciones ahondar sobre esta compra, por lo que clasificó como información reservada por un período de cinco años, por lo que no se podrá saber dato al respecto hasta el año 2030.

Es de mencionar, que se trata de 10 camionetas Chevrolet Suburban High Country 2024 con blindaje V+ valuadas en 4.85 millones de pesos más IVA cada una, lo que representa un costo aproximado de más de 56 millones de pesos (mdp).

Son camionetas equipadas con 13 capas de acero balístico, protección en espejos, cristales, bisagras, suspensión, radiador y llantas.

Cada unidad tiene un costo promedio de 5.6 millones de pesos (mdp), sin embargo, empresas de blindaje ofrecen estos mismos modelos y con características similares de blindaje entre 3.6 y 3.9 millones de pesos.

Las unidades adquiridas cuentan con:
• Motor V8
• Transmisión automática de 10 velocidades
• Tracción 4×4
• Sistema de remolque