Rubén Hernández/Tlaxcala Times

TLAXCALA, Tlax., 29 de julio de 2025.- Los informes de certificación policial general en Tlaxcala son dispares y contradictorios, mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) refiere que es del 90 por ciento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anuncia un 95 por ciento y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) afirma que menos del 20 por ciento de las corporaciones municipales cuenta con este requisito.

Ante ello, el titular del SESESP, Maximino Hernández Pulido, argumentó que el OFS pudo haber referido no el caso general del estado sino de alguna corporación municipal en específico, de ahí que defendió que la certificación en la entidad tiene un avance del 90 por ciento y que de manera variable los oficiales que no han pasado este proceso se encuentran entre un 10 y 20 por ciento, en promedio.

Por tanto, explicó que el encargado de llevar la estadística en esta materia es el Centro Nacional de Certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que junto con los Centros Estatales de Evaluación de Control y Confianza (C3) son los encargados de procesar y subir esta información a la Plataforma Nacional.

En promedio existen en Tlaxcala mil 500 elementos municipales, sin embargo, el OFS detectó que solamente 494 están certificados, situación que fue rechazada por el titular del SESESP, Maximino Hernández Pulido, quien argumentó que existen casos donde municipios tienen un avance mayor en la certificación de sus oficiales, y otros donde este es menor, algunas ocasiones por el tema de migración de policías de un municipio a otro, sin embargo, aseguró que los municipios tienen que cumplir con este requisito, de lo contrario incurren en responsabilidad de carácter legal en el manejo de los recursos y pago de sus nóminas cuando no cumplen con la certificación de control y confianza.

Uno de estos casos en específico, es el municipio de Apizaco que cuenta con 101 elementos de seguridad, de los cuales solo 10 han aprobado la certificación, esto de acuerdo al oficio número P.M.A. 00270/05/2025.

Sin embargo, este hecho ha dado cabida a que de agosto a diciembre el alcalde de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, ha incurrido en pagos por un poco más de 5 millones de pesos, situación que refiere a cargar con responsabilidad de carácter legal por la distribución de estos recursos, lo que representa el uso inapropiado de los recursos públicos.